La CorteIDH, con sede en Costa Rica, emitió "una sentencia contra el Estado salvadoreño" por la desaparición de los seis menores, entre los que había dos grupos de hermanos, en hechos separados ocurridos en 1981 y 1982, dijo la coordinadora de la Asociación Pro Búsqueda de Niñas y Niños Desaparecidos de El Salvador, Esther Alvarenga.
El fallo de la Corte "complace" y sus disposiciones "nos parecen razonables", agregó la dirigente, cuya organización demandó al Estado salvadoreño en representación de las víctimas.
Entre las medidas ordenadas por la CorteIDH figuran "investigar y localizar el paradero" de las víctimas, pagarles una reparación económica, construir escuelas en los lugares donde desaparecieron y exhibir en ellas reseñas sobre los hechos, informó.
Alvarenga consideró como "muy importante" que la Corte también haya ordenado la "apertura de información clasificada de la Fuerza Armada" de El Salvador para facilitar las investigaciones y que "no se haga uso de la Ley de Amnistía", de 1993, para proteger a los responsables de la desaparición de los menores.
La dirigente también dijo que la Corte ordenó la creación, mediante decreto legislativo, de una Comisión Nacional de Búsqueda de víctimas de la guerra civil, algo que, refirió, la Asociación Pro Búsqueda demanda desde 1999.
Tres de las víctimas son los hermanos Gregoria Herminia, Serapio Cristian y Julia Inés Contreras Recinos, que tenían cuatro años, 20 meses y cuatro meses de edad, respectivamente, cuando desaparecieron el 25 de agosto de 1982 durante una operación militar en varios municipios del departamento central de San Vicente.
Además, las hermanas Ana Julia y Carmelina Mejía Ramírez, desaparecidas durante la masacre de El Mozote, ocurrida en diciembre de 1981 en el departamento oriental de Morazán, y José Rubén Rivera.
Esta es la segunda sentencia que la CorteIDH emite contra el Estado salvadoreño por la desaparición de niños durante la guerra civil.
En 2005, la Corte también dictó un fallo condenatorio por el caso de las hermanas Erlinda y Ernestina Serrano Cruz, desaparecidas en junio de 1982 cuando tenían tres y siete años, respectivamente, durante una campaña militar en el departamento de Chalatenango (centro).
Alvarenga explicó que la demanda sobre los seis niños fue interpuesta en 2003 ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), con sede en Washington, que en 2010 pasó el caso a la Corte porque se agotaron los plazos para una "solución amistosa" que el Estado salvadoreño había aceptado inicialmente.
La guerra civil en El Salvador dejó 75.000 muertos, 8.000 desaparecidos y 12.000 lisiados.
El 16 de enero de 2010, el presidente salvadoreño, Mauricio Funes, pidió perdón a las víctimas y reconoció que organismos del Estado cometieron violaciones a los derechos humanos.
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