La búsqueda de un muchacho, iniciada por el cónsul de Bolivia en la provincia argentina de Rosario, William Eloy Medrano, dio pie a que la Policía argentina descubriera una red de trata de menores que operaba en ambas naciones. El diplomático denunció que dos adolescentes bolivianos rescatados

tenían documentos falsos sellados en las oficinas fronterizas de migración de Bolivia y Argentina.

En un operativo realizado el viernes, los agentes rescataron a dos adolescentes de 14 años de edad que trabajaban en condiciones de esclavitud en una hacienda agrícola de la región de Pérez, donde se dedicaban a cultivar lechugas pero sin recibir pago y además se les impedía dejar el lugar, según Medrano,.

El Cónsul informó a la agencia Notiexpress, de Argentina, que la búsqueda de los menores inició gracias a la denuncia formulada por el padre de uno de ellos, quien contó que su hijo, a quien había dejado bajo la crianza de su abuela en Chuquisaca, fue llevado por desconocidos a Tarija y después a Rosario, por lo que decidió contactarse con esta autoridad.

Dijo que ambos habían sido reclutados en Tarija y para sacarlos del país usaron documentos falsos que fueron “sellados desde las oficinas de Migraciones tanto argentinas como bolivianas”. Argumentó que en el límite territorial entre Argentina (La Quiaca) y Bolivia (Villazón) operan las personas encargadas de reclutar a los jóvenes, a quienes les pintan fantasías de trabajo y dinero que nunca son cumplidas y les facilitan los documentos falsos para que pasen los controles de migración.

Para contrastar la identidad del muchacho buscado, contó Medrano, fue necesario sacar del banco de datos de la Corte Electoral boliviana el acta de nacimiento del menor.

En el operativo, en el vivero Jardín Pelizón, de Daniel Pelizón, fueron detenidas dos personas, el encargado de la finca y una segunda persona relacionada con el lugar, de quien se sospecha que facilitó el ingreso ilegal de los menores en Argentina.

El jefe de la División de Trata y Tráfico de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC) de La Paz, Adolfo Cárdenas, señaló que su oficina aún no recibió información oficial de este caso. Explicó, sin embargo, que existe una mafia que, en la mayoría de los casos, lleva menores desde Bolivia a Argentina para que trabajen en talleres textiles.

La mafia, dijo, falsifica los documentos de las víctimas y, por ejemplo, a los que tienen 15 años les proporcionan papeles que afirman que son mayores de edad, para no levantar sospechas. “Si es necesario, falsifican la autorización de los padres”.

Las normas establecen que cuando un menor boliviano necesita salir del país sin sus padres requiere de un permiso firmado por cualquiera de ellos ante un juez de menores. Este documento también debe ser sellado por Migración.

“No teníamos muchas esperanzas. La misma Policía nos decía que era como buscar una aguja en un pajar”. Como este caso, el Cónsul dijo que atendió otros 16 de trata y tráfico de chicos bolivianos en Argentina durate su gestión.

El actual Cónsul de Bolivia en Rosario atendió 16 casos similares.

Niños también son enviados a España

La División de Trata y Tráfico de Personas de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC) de La Paz ha desbaratado en los últimos años mafias que enviaban niños a trabajar a España, Argentina, Brasil y Chile. El jefe de esa división policial, Adolfo Cárdenas, explicó a La Prensa que en la mayoría de los casos los menores son enviados a Brasil y Argentina a trabajar en talleres textiles, a Perú para la prostitución y a España para que trabajen en el cultivo y la cosecha de cítricos (naranjas y limones).

De acuerdo con la estadística que maneja esa división, en la sede del Gobierno se han atendido este año al menos 15 casos de trata y tráfico de menores. Desde el año 2005, cuando se creó la División de Trata y Tráfico de Personas, ha recibido 339 denuncias relacionadas con desaparición de personas y con trata y tráfico de seres humanos, así lo confirma un cable de Radio Fides. Además, el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef, por sus siglas en inglés) estima que en todo el mundo 12 millones de personas se encuentran en condiciones de trabajo forzoso, servidumbre o explotación.

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