Diez meses después de que autoridades y asociaciones civiles de Azua manejaran la información de que adolescentes estaban siendo prostituidas en barcos que se acercan a las costas de la provincia, se decidió que el Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia (CONANI) diera seguimiento al Ministerio Público en las investigaciones y en la protección necesaria a las supuestas menores implicadas.

La medida se tomó durante una reunión de la Comisión de Seguimiento a la Política de Erradicación de las Peores Formas del Trabajo Infantil, supo CLAVE a través de la OIT-IPEC.

La decisión se tomó después que CLAVE publicara en su edición 160 sobre la existencia de una red de proxenetas que se dedica en Azua al negocio de prostituir menores de edad con marineros que llegan en barcos a las costas de aquí.

Las menores proceden, en su mayoría, de Las Charcas y Estebanía, donde son captadas por proxenetas que las involucran en la prostitución.

“Tipificar los casos de explotación sexual resulta difícil para el Ministerio Público, y los jueces casi siempre mencionan que tienen pocas pruebas para imponer medidas de coerción y dictar un veredicto que pueda llevar a estas personas a la cárcel”, dice Elías Dinzey, coordinador nacional del Programa de Erradicación de la Explotación Sexual Comercial de la Organización Internacional del Trabajo (OIT-IPEC).

“Los fiscales tienen muy poca formación en criminalística para poder proceder con las investigaciones”, agrega.

El procurador adjunto y director del Departamento Contra el Tráfico Ilícito y Trata de Personas, Frank Soto, explica que cuando los demandantes entiendan que los procesos marchen lentos en las fiscalías, deben comunicarse con esa entidad.

Otros casos

Tan simple como comprar frutas, discos plagiados o comida en cualquier avenida de Santo Domingo es adquirir productos pornográficos en los que se promueve la explotación sexual infantil.

Bastó que un hombre le dijera al vendedor de películas que buscara a "una de las menores", para poder obtener la cinta por tan sólo RD$50. El vendedor se mueve por la autopista Duarte, frente al supermercado Carrefour. Y así el cliente adquirió una película pornográfica que exhibe -en la carátula-, aparentemente, a una adolescente en actos pornográficos.

CIFRA

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Lugares públicos de Santiago de los Caballeros han sido identificados por la organización Núcleo de Apoyo a la Mujer, como puntos de encuentro entre proxenetas, clientes y menores involucradas en la prostitución.
Este no es el único delito asociado también con la explotación sexual comercial de menores que se da de forma más o menos pública, en el cual la justicia actúa con lentitud o apatía, a juzgar por las quejas de personas que trabajan el tema.

Promover la pornografía infantil es un delito penado incluso con cárcel, explica Soto. Cuenta que su departamento ha realizado operativos en la ciudad para capturar a los vendedores ambulantes, distribuidores y posibles propietarios de negocios de producción o distribución a gran escala, pero que hasta ahora sólo han encontrado, principalmente en la avenida Duarte, a personas que exhiben películas de mujeres, aparentemente menores de edad, de rasgos asiáticos.

Sin embargo, los operativos no han logrado disminuir ni hacer menos públicas las ofertas de pornografía infantil en la ciudad.
Los vendedores ofrecen su mercancía en forma abierta, en avenidas como el Paseo Comercial Duarte y la 27 de Febrero, en el centro de la ciudad, sin ninguna consecuencia.

Incapacidad

Los fiscales tienen muy poca formación criminalística para poder proceder con las investigaciones".
Elías Dinzey, Coordinador OIT-IPEC
Esa incapacidad para capturar a los explotadores es una de las quejas de Sarah Cepín, del Núcleo de Apoyo a la Mujer en Santiago. Un año después de que la Fiscalía de esta provincia iniciara las investigaciones sobre el tráfico de niñas y adolescentes desde Cienfuegos, en Santiago, hasta prostíbulos de San Cristóbal, las autoridades aún no atrapan a Amalfi, sindicada como la principal proxeneta.

Recientemente, la Fiscalía de aquí realizó dos operativos en Bávaro y Puerto Plata para atrapar a la mujer. No ha tenido éxito, a pesar de que Amalfi visita con frecuencia el barrio Cienfuegos, según testimonios de personas de la comunidad. Tampoco mucha suerte han tenido las autoridades de Santiago para ubicar y sancionar a proxenetas, dueños de bares e intermediarios que operan en la propia provincia.

El Núcleo de Apoyo a la Mujer ha identificado diez establecimientos, entre casas de citas, bares y colmadones que son punto de encuentro entre menores y clientes o proxenetas. Pero, las autoridades no han podido sancionar a los responsables.
La explotación sexual infantil que incluye el proxenetismo se ha detectado, además de en Santiago y Santo Domingo, en las zonas turísticas de Boca Chica, Puerto Plata e Higüey, donde desde 2000 se han emitido sentencias que condenan a proxenetas. Sin embargo, el funcionario de la OIT opina que el problema se produce en todo el país, desmontando así el mito de que la explotación sexual infantil es sólo "cosa de extranjeros".

La promoción de la pornografía infantil es también un delito, que se puede penalizar con la cárcel y multa".
Frank Soto, Procurador General Adjunto
De hecho, dos de las sentencias más importantes y que pusieron de manifiesto la magnitud del problema han tenido como protagonistas a dominicanos.

Eulalio Castro Martínez, José Peguero Mercedes y Leonardo Guzmán fueron condenados en 2005 a 15 años de cárcel por prostituir menores de edad en Boca Chica, uno de los puntos más importantes de comercio sexual con turistas extranjeros.
En Santiago hubo otro ejemplo, también en 2005, cuando un tribunal condenó a 5 años a José Antonio Fernández Ramírez por permitir que en el Bar Casablanca trabajaran tres menores y otra estuviera en el lugar presenciando un espectáculo de adultos.

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