La promesa de un lugar con poca desocupación también atrae a mujeres que por un futuro mejor son explotadas sexualmente.

Uno de los 100 demorados.

En horas de la madrugada de ayer, aproximadamente a las 7 de la mañana, se llevó a cabo un mega operativo que involucró más de 40 afectivos de la Policía de la Provincia, de las divisiones de Leyes Especiales de Zona Norte y Sur, Cuerpo de Infantería, Departamento de Informaciones Judiciales y la Brigada de Investigaciones Zona Norte y Zona Sur.
El operativo tenía como objeto secuestrar material de interés para una causa que está vinculada a la Ley de Trata de Personas, 26.364.
El Juzgado Federal de Río Gallegos, a cargo de la jueza Ana Cecilia Álvarez, emitió las órdenes de allanamiento correspondientes que permitieron accionar a la policía en los domicilios que según las pistas que obraban en su poder estarían vinculados con el caso de trata.

Allanamientos simultáneos
Se realizaron cinco allanamientos simultáneos en distintos puntos de la ciudad, los lugares allanados fueron: una vivienda ubicada en la calle Puerto Santa Cruz, al 700, otra en Liniers al 2000 y tres locales nocturnos ubicados en las zona de las Casitas de Tolerancia. Asimismo se requisaron dos vehículos particulares que en apariencia estarían relacionados con la causa
Las fuentes a las que Prensa Libre accedió, se limitaron a decir que habría un total aproximado de 100 personas que fueron demorados y que estarían involucradas en el expediente judicial.

Hallazgos para la causa
Como resultado del operativo, si bien fue altamente positivo, se pudo saber que no fue incautado ningún tipo de estupefaciente.
En una de las viviendas se encontraban tres menores de edad por lo que tuvo que intervenir el área del Servicio Social de la Policía Provincial. Este sector del organismo de seguridad tiene como fin último la protección y asistencia de los menores que se encuentran en algún operativo.
En los allanamientos, por ejemplo, ingresan antes que la infantería para proteger lo mejor posible a los menores involucrados.
La provincia de Santa Cruz viene realizando varios operativos que fueron exitosos en materia de trata de personas, algunos por pistas propias y otros en colaboración con otras jurisdicciones del país.
Se rescataron 10 mujeres en lo que va de enero y febrero, todas habían sido engañadas a cambio de trabajo digno y al llegar a nuestra ciudad se encontraron con que debían ejercer la prostitución.
Eran maltratadas, sin comunicación con sus familias y sin poder negarse a ofrecer su cuerpo a cambio de dinero.
Estas mujeres fueron resguardadas automáticamente y devueltas a sus familias para retomar, y si es que se puede, la vida que tenían antes de entrar en este infierno.

La nueva ley en Argentina
Con la publicación en el Boletín Oficial, quedó promulgada la ley que tipifica como delito federal la trata de personas. La nueva figura castiga con entre 3 y 15 años de prisión a los responsables de ese hecho ilícito, el tercero en movimiento de dinero después del tráfico de armas y del de drogas.
El delito incluye la captación de personas, ya sea para la explotación sexual, las prácticas de esclavitud, los trabajos forzados y la extracción ilegal de órganos y tejidos.
La ley diferencia a las víctimas mayores de las menores de 18 años. En el primer caso se deberá demostrar que hubo algún método de coerción para que se configure el hecho ilícito.
El delito es castigado con penas de 3 a 6 años de prisión, que puede elevarse a 10 si el culpable fuese familiar directo o cónyuge de la víctima.
En el caso de que las víctimas sean menores de edad, la escala penal se eleva de 4 a 10 años de prisión. Y si se trata de menores de 13 años, será 6 a 15 años de prisión efectiva.
Con esta ley, entró en funcionamiento el Programa Nacional de Prevención y Erradicación de la Trata de Personas y de Asistencia a sus Víctimas, que fue creado por decreto durante la presidencia de Néstor Kirchner.
En la Argentina, la trata de personas existe en forma interna e internacional. En el Estudio Exploratorio sobre trata de personas en la Argentina, Chile y Uruguay, que la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) realizó en 2006, se rescata la adopción de medidas recientes en el país que expresan la voluntad política de actuar en contra de este flagelo social.
«La sanción de esta ley confirma la predisposición de la Argentina en la lucha contra este delito», expresó la OIM mediante un comunicado.

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